### El blanqueamiento del terrorismo en España y el silencio que lo rodea

Hay temas que en España funcionan como tierra quemada. No es que nadie los piense: es que pronunciarlos en voz alta activa un protocolo automático. Te clasifican, te asignan a un bando, y la discusión se convierte inmediatamente en otra cosa. El blanqueamiento del terrorismo es uno de esos temas.
Y sin embargo, lo que está pasando merece ser nombrado con claridad, sin eufemismos y sin el tono de denuncia histérica con el que suele abordarse desde la derecha, que tampoco ayuda, porque convierte una cuestión democrática seria en munición de trinchera.
Voy a intentar otra cosa.

**Qué significa blanquear el terrorismo**

Blanquear no es defender los atentados. Eso es lo que hace que el proceso sea tan difícil de combatir: no funciona en los extremos, sino en el centro, en el espacio gris donde las palabras se negocian.
ETA asesinó a 853 personas durante cincuenta años. Políticos, policías, militares, empresarios, jueces, y civiles que simplemente estaban en el lugar equivocado. La organización se disolvió en 2018. Pero el espacio político que la sostuvo, que la justificó, que recaudó fondos para ella y que gestionó sus presos como moneda de negociación, ese espacio no desapareció. Sobrevivió, se refundó, y hoy tiene concejales, alcaldes, parlamentarios autonómicos y escaños en el Congreso.
El blanqueamiento es el proceso por el que eso se normaliza sin que nadie tenga que dar demasiadas explicaciones. Opera a través de pequeñas decisiones acumuladas: un titular que omite el pasado de un partido, una entrevista que no pregunta sobre víctimas concretas, un pacto político que otorga legitimidad institucional sin exigir condena explícita de nada. No hace falta una conspiración. Basta con que cada actor tome la decisión que más le conviene en ese momento.

**El caso Bildu**

Bildu nació en 2012 como refundación del espacio político de Batasuna, ilegalizada en 2003 por el Tribunal Supremo por sus vínculos orgánicos con ETA. Desde entonces ha crecido sin pausa.
El problema no es su existencia como partido legal, eso lo determinan los tribunales, no los artículos de opinión. El problema es qué se le ha exigido a cambio de esa legitimidad institucional, y la respuesta honesta es: básicamente nada.
A lo largo de más de una década, Bildu ha condenado "toda violencia" en declaraciones que suenan a lo que son: fórmulas diseñadas para satisfacer a dos audiencias incompatibles al mismo tiempo. Sus votantes históricos, que no quieren que se condene el pasado. Y sus interlocutores institucionales, que necesitan poder decir que sí, que han condenado. La ambigüedad calculada no es un problema de comunicación. Es la solución.
En 2023, el Tribunal Electoral obligó a retirar candidatos con sentencias firmes por delitos de sangre. No fue una excepción. Fue un patrón documentado que se repite, genera un ciclo de escándalo y olvido relativamente rápido, y no produce ningún cambio real.
Lo que ha dado una dimensión nueva a todo esto es la dependencia parlamentaria del gobierno de Sánchez respecto a los votos de Bildu desde 2019. Ese vínculo ha convertido al ejecutivo en un actor con interés directo en que la coalición no sea permanentemente cuestionada. Cuando el gobierno tiene interés en que algo no se discuta demasiado, los efectos sobre la cobertura mediática son detectables.

**La trampa de la equidistancia**

Uno de los recursos más eficaces del blanqueamiento no es defender el terrorismo abiertamente. Es equipararlo.
La narrativa funciona así: el "conflicto vasco" fue un enfrentamiento entre dos violencias, la de ETA y la del Estado español. Todos tuvieron su parte de culpa. La mirada compleja exige reconocerlo.
Esta narrativa tiene un anclaje real. Los crímenes del GAL son un hecho histórico probado. El grupo paraestatal asesinó a 27 personas en los años 80, algunas de ellas sin ninguna vinculación con ETA. Los responsables fueron condenados. Eso ocurrió.

Pero la equiparación moral entre el GAL y ETA pasa por alto un detalle de escala que se omite con notable consistencia: ETA asesinó a 853 personas. El GAL a 27. Los dos son crímenes. No tienen la misma magnitud. Presentarlos como equivalentes no es objetividad ni complejidad: es una operación que diluye la condena de ambos en una simetría artificial.

Lo que me llama la atención es que esta narrativa ha permeado sectores de la izquierda española que no tienen ningún vínculo con el mundo abertzale. Se presenta como "contextualización histórica" cuando en realidad es una posición política. Hablar de ETA con claridad, llamarla organización terrorista, nombrar a sus víctimas, reclamar condenas sin ambigüedad, se percibe en ciertos círculos como un gesto de derechas, no como un requisito democrático elemental.
Eso es un problema. No porque la derecha no instrumentalice el tema, lo hace, constantemente, sino porque el antídoto a la instrumentalización no puede ser el silencio ni la equidistancia. Eso también es una posición, y beneficia a alguien.

**Las palabras que eligen**

El lenguaje en el que se encuadra un problema determina qué soluciones parecen razonables. El blanqueamiento opera en buena medida a través del vocabulario.
"Conflicto vasco" implica que hubo dos partes en pie de igualdad. "Presos políticos" transforma a condenados por asesinato en víctimas de persecución ideológica. "Proceso de paz" aplicado sin reconocimiento real de las víctimas convierte el cese de la violencia en un gesto generoso del agresor. "Izquierda abertzale" normaliza lo que en otra terminología sería "entorno del terrorismo".
Ninguna de estas sustituciones es neutral. Cuando un político dice "presos políticos" en el Parlamento, está haciendo una afirmación sobre la naturaleza del Estado español. Cuando un periódico escribe "conflicto" en lugar de "terrorismo", está tomando partido. La diferencia es que uno lo hace conscientemente y el otro a veces ni se da cuenta.

**Por qué los medios no hablan de esto**

Esta es la parte más incómoda porque obliga a hablar no de actores externos sino de cómo funciona el periodismo español desde dentro.
La dependencia económica del poder político
Una parte sustancial de los medios españoles, especialmente los regionales, depende de publicidad institucional, subvenciones y contratos públicos. En el País Vasco y Navarra, donde Bildu gobierna o cogobierna, criticar abiertamente a la coalición tiene costes económicos directos para las redacciones locales. No hacen falta instrucciones explícitas. La autocensura sistémica funciona de manera mucho más eficiente: los periodistas saben qué temas incomodan a la dirección, y la dirección sabe de dónde vienen los ingresos.

A nivel nacional el problema pasa por otro canal. Los medios afines al gobierno reflejan la postura del ejecutivo sobre sus socios parlamentarios. Y el ejecutivo tiene interés en que Bildu no sea cuestionado con demasiada energía, porque cada titular que lo problematiza complica la estabilidad parlamentaria del gobierno.

**El coste reputacional de criticar a Bildu**

En el ecosistema mediático progresista, criticar a Bildu puede reencuadrarse como hacer el juego a la derecha. El razonamiento es más o menos este: Bildu es izquierda vasca, la derecha ataca a Bildu como arma electoral, luego criticar a Bildu es posicionarse con la derecha. Es un argumento falaz pero funciona. Muchos periodistas que podrían hacer cobertura crítica sobre la relación del gobierno con la coalición se abstienen porque anticipan que su trabajo será leído como ideología en lugar de periodismo. En un sector donde la identidad política de la redacción importa mucho, ese es un desincentivo real.

**La polarización que hace imposible el matiz**

En un ecosistema dividido en bloques, el terrorismo vasco activa la lógica de tribu con una velocidad que deja sin margen cualquier análisis matizado. La derecha lo usa como arma. La izquierda responde rechazando en bloque. El periodista que escribe sobre la ausencia de condenas explícitas de Bildu sabe que su trabajo será inmediatamente apropiado por un bando y descartado por el otro. Frente a ese escenario, muchas redacciones optan por no tocarlo.

**El efecto "ya pasó"**

ETA se disolvió en 2018. Para una parte del periodismo español, el problema está cerrado. Insistir en las condenas, en los vínculos históricos, en la ausencia de ruptura real, parece anacrónico o revancha.
Hay algo que falla en ese razonamiento. En Alemania no se considera que exigir condena del nazismo sea vivir en el pasado. En Argentina, el juicio a la memoria de la dictadura es un proceso activo décadas después. La idea de que pedir condenas explícitas y reconocimiento de las víctimas es "reabrir heridas" opera en beneficio de quienes nunca cerraron esas heridas porque nunca pidieron perdón.

**Las víctimas como símbolo y como problema**

En todo este debate hay un actor que aparece con frecuencia como imagen y rara vez como interlocutor real: ==las víctimas==
El patrón que organizaciones como Covite llevan años describiendo es consistente y tiene algo que resulta difícil de ignorar. Las víctimas son útiles en los aniversarios, en los discursos de condena abstracta, cuando conviene citar su sufrimiento para legitimarse moralmente. Pero cuando plantean demandas concretas, que sus agresores pidan perdón de manera explícita, que los partidos que los apoyaron reconozcan su responsabilidad, que no se celebren homenajes a etarras en instituciones públicas, el interés decae.
Hay algo especialmente revelador en cómo funciona el mecanismo inverso: cuando una víctima de ETA critica al gobierno por sus pactos con Bildu, su testimonio se descalifica como "instrumentalización política de la memoria". La misma persona que era intocable como símbolo del sufrimiento se convierte en un actor legítimo de atacar en cuanto su reclamo incomoda a alguien con poder. Ese giro debería incomodar más de lo que incomoda.

**Lo que pasa en otros sitios**

Vale la pena contrastar brevemente con otros casos.

En Irlanda del Norte, los Acuerdos de Viernes Santo de 1998 incluyeron elementos de reconocimiento explícito del daño causado. No fue perfecto, los debates siguen activos, pero hay una diferencia sustancial: el IRA se disolvió, entregó las armas, y Sinn Féin hizo un recorrido hacia la condena de la violencia que, con todos sus límites, fue más explícito que cualquier cosa que Bildu haya hecho hasta hoy.

En Alemania, la memoria del terrorismo de la RAF —activa desde los años 70 hasta principios de los 90— forma parte de la cultura política del país. Sus miembros que cumplieron condena viven en libertad, pero la narrativa pública no los presenta como "presos políticos". El debate histórico existe, pero dentro de marcos que no ponen en cuestión la naturaleza criminal de sus acciones.

La diferencia con España es que en esos contextos no hay un partido con vínculos directos con la organización terrorista convertido en socio de gobierno nacional sin haber realizado ningún proceso verificable de ruptura con su pasado. Eso no es un detalle menor.

**En definitiva, no es un problema de bandos**

Hay que ser preciso en algo: esto no es un problema de izquierda contra derecha. La derecha española tiene sus propios déficits de memoria histórica. El franquismo no ha sido procesado judicialmente de manera comparable a otras dictaduras europeas. Y la instrumentalización del terrorismo como arma electoral es un vicio de la derecha española que está bien documentado.

Señalar eso no es equidistancia. Es precisión.

Pero la ausencia de condena explícita de los crímenes de ETA por parte del entorno político que los apoyó, la normalización de ese entorno sin exigir ningún proceso de verdad y reparación, y el silencio mediático que acompaña a todo eso no son un problema ideológico. Son un problema de estándares democráticos.

Una democracia que normaliza gobernar con el apoyo de quienes nunca condenaron 853 asesinatos, sin que ese hecho sea objeto de escrutinio comparable al que recibiría cualquier otro pacto político de esa magnitud, tiene un problema. No de bandos. De exigencia.

Las víctimas de ETA no son de derechas ni de izquierdas. Son personas a quienes mataron por lo que eran o por donde estaban. Pedir que quienes apoyaron a sus asesinos lo reconozcan con claridad no es reabrir heridas. Es la condición mínima para que algún día se puedan cerrar.